El IPREM en 2025 sin subida a la vista

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se mantiene sin modificaciones en 2025, lo que ha generado un importante debate sobre su impacto en los ciudadanos, especialmente en aquellos que dependen de ayudas y subsidios públicos. 

Este índice, que sirve como referencia para la concesión de numerosas ayudas sociales y la determinación de umbrales para acceder a ciertos servicios públicos, ha permanecido congelado desde 2023. En este artículo, analizaremos el valor actual del IPREM, su relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las consecuencias de esta congelación para la población más vulnerable.

¿Qué es el IPREM y cuál es su valor para 2025?

El IPREM es un índice utilizado en España para calcular las ayudas y subsidios que reciben diversas personas y colectivos. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran los umbrales para recibir prestaciones por desempleo, becas, ayudas al alquiler y otros subsidios sociales. A lo largo de los años, este indicador ha sido ajustado según la inflación y el coste de vida. Sin embargo, en 2023 el Gobierno decidió no actualizar el IPREM, lo que se repite en 2025.

El valor actual del IPREM para 2025 es de 600,00 euros mensuales para una persona, lo que equivale a un 7.200,00 euros anuales en 12 pagas o 8.400,00 euros anuales en 14 pagas. Este valor ha permanecido sin variación desde 2023, lo que ha generado un notable malestar entre los colectivos que dependen de las ayudas asociadas al índice. Cabe destacar que el IPREM es considerablemente más bajo que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que nos lleva a una cuestión fundamental: la relación entre ambos.

Relación entre el IPREM y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es otro indicador clave que define los umbrales salariales mínimos que una persona puede recibir por su trabajo, mientras que el IPREM está más orientado a determinar la renta que una persona o unidad familiar debe tener para acceder a determinadas ayudas y subsidios.

El SMI en 2025 se sitúa en 1.184 euros mensuales (lo que equivale a 16.576 euros anuales  - 14 pagas). Esto representa un valor significativamente superior al del IPREM, lo que pone en evidencia la creciente brecha entre los umbrales salariales y las ayudas sociales. Si bien el SMI ha experimentado aumentos en los últimos años, el IPREM ha quedado prácticamente estancado, lo que afecta a muchas personas que, a pesar de tener un empleo o unos ingresos modestos, no alcanzan los umbrales para beneficiarse de ayudas vinculadas a este índice.

Este desfase entre el IPREM y el SMI ha generado una discusión sobre la necesidad de actualizar el IPREM de manera más alineada con el coste de vida y con el aumento del salario mínimo. De no ser así, muchas personas que dependen de subsidios y ayudas públicas pueden quedar fuera de estos beneficios, ya que los umbrales de renta siguen siendo muy bajos.

Efectos de la congelación del IPREM en la concesión de ayudas

Uno de los efectos más directos de la congelación del IPREM desde 2023 es la dificultad que enfrentan muchas personas para acceder a ayudas sociales, becas y subsidios. Al no actualizarse el índice, los umbrales de renta se mantienen constantes, lo que hace que, si los ingresos de las personas o unidades familiares suben (por ejemplo, a través de una subida en el SMI o un empleo más estable), es posible que superen los límites establecidos para acceder a ayudas.

Esto afecta de manera particular a los colectivos más vulnerables, como las familias con bajos ingresos, los trabajadores precarios o aquellos que, aunque no alcanzan el salario mínimo, se encuentran en una situación económica más ajustada. La falta de actualización del IPREM ha dejado a muchas personas fuera de los sistemas de ayudas, lo que agrava aún más las desigualdades sociales y económicas en el país.

Además, esta situación puede tener repercusiones en otros ámbitos, como el acceso a la vivienda. Muchas ayudas al alquiler se calculan en función del IPREM, por lo que las familias de ingresos bajos pueden verse obligadas a destinar una mayor parte de sus recursos a su vivienda, sin poder beneficiarse de las ayudas que tradicionalmente se les otorgaban.